El Taurazo hace sombra en Ecuador, las propuestas de hoy nos sumergen en el ayer.
El presidente Daniel Noboa, propone convertir la Base Aérea de Taura (Guayas) en un centro de cooperación militar internacional junto a Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.
Según reporte oficial la iniciativa busca mejorar la infraestructura para operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizdo.
Pero vamos hacer un recorrido por la década de los 80. La historia política del Ecuador registra varios momentos de conflictos entre el Gobierno, la oposición y otras instituciones del Estado que han puesto a prueba la estabilidad democrática.
Uno de los episodios más graves ocurrió durante el gobierno de León Febres Cordero, cuando una crisis dentro de las Fuerzas Armadas terminó en el secuestro del Preidente en la base aérea de Taura, en enero de 1987.
El denominado Taurazo fue consecuencia de una crisis que había comenzado meses atrás.
En 1986, el general de la Fuerza Aérea Frank Vargas Pazzos, protagonizó el levantamiento en las bases de Manta y Quito.
Vargas había denunciado presuntas irregularidades con la compra de un avión Fokker y mantenía un enfrentamiento con el Gobierno de ese entonces.
El Congreso Nacional hoy denominada Asamblea Nacional aprobó posteriormente una anmistía para Vargas, pero el Presidente León Febres Cordero se negó a cumplir con la resolución.
Entonces la tensión política y militar aumentó.
El 16 de enero de 1987, durante una visita del Presidente Febres Cordero a la base aérea de Taura, un grupo de comandos de la Fuerza Aérea se reveló y retuvo al mandatario y a varios miembros de su comitiva.
Los militares exigían la liberación de Vargas Pazzos.
Después de aproximadamente once horas de tensión, Febres Cordero ordenó la publicación de la anmistia y se comprometió a no tomar represalias contra los participantes.
El enfrentamiento dejó como resultado cinco personas muertas, entre ellos dos miembros de la seguridad presidencial.
La crisis no terminó allí. Los comandos fueron detenidos y procesados por insubordinación. Posteriormente en el gobierno de Rodrígo Borja recibieron medidas de gracia y en el 2008 la Asamblea Constituyente concedió una anmistia a 62 participantes del Taurazo.
En consecuencia el caso Taurazo representa uno de los casos más graves de inestabilidad política y militar del Ecuador contemporáneo.
La principal lección que deja la historia es que los conflictos institucionales pueden agravarse cuando se rompen los canales de dialogo y se desconoce la autoridad de otras instituciones.
En los actuales momentos intentan armar un escenario para combatir el crimen organizado, compleja situación que podría generar otras consecuencias.
