La población de Ecuador constantmente ha sido víctima de la injusticia. Las resoluciones tardías causan desconfianza generalizada para interponer acciones y buscar reparación frente a un hecho considerado injusto.
Mientras ese escenario de injusticia se desarrollo en Ecuador el delito avanza de manera incontenible.
Lamentablemente en la actualidad el asunto va más allá de la desilusión del calamitoso sistema de justicia.
Las amenazas van para los operadores de justicia. El asesinato de la Fiscal de Manabí, Alexandra Bravo, levanta serias alertas sobre los operadores de justicia.
La inseguridad se impone en nuestro país, este concepto va más allá de una simple apreciación. El Observatorio de Derechos y Justicia registra a escala nacional 40 atentados contra la integridad y vida de los servidores de justicia, el reporte se refleja desde el 2020 hasta el 2025.
Para el 2026 Alexandra Bravo se convierte en la tercera fiscal asesinada en Manabí.
Ante la compleja situación los jueces, abogados y fiscales esperan que el gobierno adopte acciones emergentes para fortalecer la seguridad de los servidores de justicia que son el objetivo directo de las estructuras criminales. Según el observatorio, tres jueces y 12 fiscales resultaron asesinados.
Las cifras demuestran que el tratamiento de casos de alto riesgo los dejan expuestos ante el crimen organizado porque son amenazados de forma permanente. A esto se une otro problema, las dependencias judiciales carecen de suficiente seguridad, situación que se refleja con la falta de refuerzos en las puertas de ingresos en las dependencias judiciales.
Es preciso implementar el fortalecimiento de las medidas de seguridad.
Los sistemas judiciales están vulnerados y la ciudadanía que demanda de la administración de justicia siente los impactos
