La reciente intervención de allanamiento policial en la Agencia Nacional de Tránsito, (ANT) ha indignado al país.
Los servicios que presta la institución están suspendidos y hasta la compra venta de vehículos se paralizó, todo por culpa de la enquistada corrupción que se apoderó de la entidad.
Las denuncias de irregularidades y el allanamiento de varios domicilios, incluyendo la orden de detención del titular de la ANT, han puesto en evidencia la urgente necesidad de aplicar políticas de transparencia efectivas en todas las instituciones públicas.
Este lamentable suceso nos recuerda que la corrupción es un cáncer que carcome la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en las instituciones.
La falta de transparencia y la impunidad le abren paso a la corrupción que actualmente es un mal endémico en nuestro país.
Es preciso incorporar políticas de transparencia porque este ejercicio es un derecho de los ciudadanos y un deber de los funcionarios públicos en su práctica permanente.
La rendición de cuentas y la entrega de información son esenciales para desechar las acciones corruptas y garantizar que los recursos se utilicen de forma eficiente.
La ANT, como institución responsable de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial debería convertirse en un ejemplo de transparencia y buen gobierno.
La suspensión de los servicios representa un golpe suicida a la economía y a la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo estos males que hoy sufrimos en el país se convierten en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la transparencia acompañada de la rendición de cuentas.
Es preciso que los funcionarios públicos asuman su responsabilidad y trabajen para erradicar los actos corruptos.
Es necesario tener presente que la transparencia es el primer paso hacia una sociedad más justa.
