La ilegalidad parece no ser una anomalía en la Amazonía, sino la norma. Así lo expone la plataforma periodistica CONNECTAS en decenas de investigaciones publicadas en los últimos años.
Esta semana, suma dos trabajos que evidencian la gravedad de la situación en zonas de Perú y Ecuador. En el primer caso, Geraldine Santos expone la situación que viven comunidades indígenas de la región del Cusco jaqueadas por organizaciones de narcotraficantes.
En la segunda historia, Franklin Vega descubre un delito tan curioso como nocivo para el ambiente: la proliferación de excavadoras usadas en la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
La Amazonía ecuatoriana, conocida por su rica biodiversidad y belleza natural, enfrenta una grave amenaza debido a la minería ilegal. Esta actividad destructiva no solo contamina los ríos y suelos, sino que también pone en riesgo la vida de las comunidades indígenas y la flora y fauna autóctonas.
La minería ilegal ha provocado deforestación y contaminación en la región. Los ríos se ven afectados por la liberación de sustancias tóxicas, lo que impacta negativamente en la biodiversidad acuática y la salud de las comunidades locales.
La destrucción del hábitat natural debido a la minería ilegal resulta en la pérdida de biodiversidad. Muchas especies endémicas de la Amazonía están en peligro debido a la alteración de sus ecosistemas. Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana se ven directamente afectadas por la minería ilegal. Su modo de vida, basado en la relación con la naturaleza, se ve amenazado por la destrucción de sus territorios y la contaminación de sus recursos.
La minería ilegal también puede generar conflictos y violencia en la región. La disputa por los recursos y el control territorial puede llevar a enfrentamientos entre diferentes grupos.
La lucha contra la minería ilegal en la Amazonía requiere una acción colectiva que involucre a gobiernos, comunidades y organizaciones
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó un proyecto de ley económica urgente denominado «Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno». Este proyecto busca combatir las redes económicas de grupos armados organizados y establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para neutralizar sus finanzas.
El objetivos del proyecto es desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno
Además, busca garantizar una respuesta estatal integral y contundente para enfrentar a los grupos criminales
Pretende priorizar la protección de los ciudadanos, la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público. Para alcanzar estas iniciativas el mandatario ecuatoriano
plantea la creación de jueces especializados en conflicto armado interno, la formación de fiscales especializados en esta área.
La detención de miembros de grupos armados organizados con fines de investigación, con un límite de 24 horas
Penas de 22 a 26 años de prisión para miembros de grupos armados y de 26 a 30 años para sus ñlíderes
Incentivo tributarios, como deducciones de hasta el 30% en el impuesto a la renta por donaciones a la Policía y Fuerzas Armadas
Ante el anuncio del ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la importancia de avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales.
Algunos sectores advierten sobre riesgos de retrocesos democráticos por medidas como indultos anticipados a uniformados y allanamientos sin orden judicial.
