Los ecuatorianos iremos a las urnas el próximo 16 de noviembre para pronunciarnos mediante consulta popular y referéndum sobre el destino de la Constitución y la legislatura.
Es preciso analizar la propuesta planteada por el presidente Daniel Noboa. La iniciativa surge en un escenario cargado de complejidades que siguen sin resolver como la inseguridad, el desempleo y la falta de apoyo en sectores estratégicos.
En esta consulta popular y referéndum hay cuatro preguntas: una sobre bases militares extranjeras, la segunda sobre la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas , una tercera sobre la reducción del número de asambleistas y la cuarta sobre la instalación de una Constituyente.
Según el Consejo Nacional Electoral en Ecuador existen 232 organizaciones políticas: 17 nacionales, 61 provinciales, 15 parroquiales y 139 cantonales.
Sin embargo, solo aquellas que cumplen los requisitos para su funcionamiento como mantener el mínimo de votación reciben fondos públicos.
Fue la Constitución del 2008 la que dispuso ese financiamiento y desde ese entonces el país ha destinado 263 millones de dólares para la operación administrativa, programas de formación y capacitación de sus militantes y otros aspectos logísticos.
Lamentablemente los recursos se desvian, la contraloría advierte que el uso que han dado las organizaciones políticas no ha sido transparente.
En numerosos informes ponen al descubierto que los fondos destinados han sido colocados para maquillaje, compra de comida para mascotas, tintes de cabello y hasta transferencia a cuentas personales de los dirigentes políticos.
Según el reporte del Consejo de Participación Ciudadana el 80% de las agrupaciones políticas no tiene el Registro Único de Contribuyentes, Ruc, ni oficinas, ni página web.
Esa informalidad acentuada en el contexto de la política muestra que las organizaciones se presentan para ser alquiladas, es decir solo se activan en elecciones como plataforma de candidatos que no pertenece a la organización o con alianzas políticas golondrinas que desaparecen inmediátamente después de concluidas las elecciones o alcanzan el poder.
La propuesta de la consulta es eliminar el fondo partidista para frenar el desperdicio de recursos.
Hay quienes sostienen que la eliminación del fondo partidario daría paso para que las mafias, el narcotráfico y las empresas se apoderan del financiamiento de las campañas y luego accedan al poder sembrando el terror y la improvisación.
Son elementos letales para mantener opocada el ejercicio pleno de la democracia.
El fondo y la calidad política se discuten bajo la superficie del escándalo.
La auditoría de recursos y calidad van en retroceso.
La carencia de control sería la raíz de la improvisación a través de los partidos y movimientos políticos.
