El pacto social llamado Constitución en Ecuador está secuestrado, siendo evidente que tiene tantas trabas que ha vuelto a nuestro país en ingobernable. Si la soberanía radica en el pueblo, si se habla del poder ciudadano, si la Constitución debe ser aplicada prevaleciendo en el ordenamiento jurídico, ¿por qué la Corte Constitucional quería trabarlo? si es potestad del presidente convocarla, determinando la forma de elección de los representantes; es quien está facultado para dictar las reglas del proceso y justificar la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Ahora ya está en camino. ¿Por qué debemos discutir su procedencia o no, en caso de ser convocada?
Porque muchas veces hemos criticado que la Constitución de Montecristi protege más a quienes delinquen que a los ciudadanos comunes; porque institucionalmente nuestro país es un caos, ocasionado por las más altas autoridades de las cinco funciones del Estado, incluidos algunos órganos de control, que entre todos lo único que han hecho es burlarse de las normas que los regulan, o, astutamente las estiran e interpretan a su conveniencia; porque se facilita un desorden en el que viven los diversos niveles de gobierno, encabezado por la falta de autoridad, que se encuentra solapado en un marco jurídico, que termina auspiciando las trampas para saquear al pueblo y se encubren como si nada pasará, total jamás responden ante la ley.
Por otra parte, la propuesta planteada por el Ejecutivo, lastimosamente nos conduce a intentar alcanzar ciertos cambios que no nos llevarán a lograr las transformaciones profundos que necesitamos, cuando vemos que de forma general la propuesta utiliza las mismas reglas de juego, electoralmente hablando, que han conducido a que los partidos y movimientos políticos sean los únicos que pueden auspiciar estas candidaturas y no vean más allá de sus intereses. Las cosas son claras, con los mismos actores políticos, jamás vamos a lograr los cambios que necesita nuestra Nación. Diferente hubiera sido, si se planteaba que los candidatos a la Asamblea Constituyente, salgan de las Universidades, de las Cámaras de la Producción, de los Sindicatos, de los cuerpos colegiados, de las Nacionalidades Indígenas, de los sectores sociales; debiendo cumplir al igual que los partidos y movimientos un 10% de firmas de respaldo para poder candidatarse. No hacerlo, es crear un nuevo zafarrancho electoral como el de las elecciones anteriores.
La propuesta de Constituyente está a la vuelta de la esquina, ya ha pasado casi los dos primeros filtros, debiendo el Presidente realizar algunos cambios de forma que ha dispuesto la Corte Constitucional, así como acomodar y/o aclarar las reglas de juego que determinen el número de asambleístas a elegir. Lamentablemente, al igual que Lasso, el sesgo bicentralista vuelve a imperar, al utilizar formulas que conducen a que las dos grandes provincias tengan entre 18 y 22 constituyentes, más los nacionales, en contra de provincias pequeñas que tendrán entre 1 y 2 constituyentes. No quieren entender nuestros gobernantes que, con desigualdad extrema no se salva ni se arregla este país.
