Es complejo entender porque las últimas leyes presentadas por el gobierno central y aprobadas por el legislativo, mantienen algunas regulaciones especiales; para entenderlo mejor, podríamos decir que son leyes de carácter excepcional, creadas para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Como todo tema político en el Ecuador, ha recibido criticas de parte de sus detractores, en algunos casos basados en exageraciones, y en otros, confundidos al creer que estas normas serán aplicadas en general, para cualquier caso. No es así, buscan combatir precisamente las causas que han llevado a nuestro país, a ser sometido a economías irregulares, causando caos, muerte y desesperación en nuestra sociedad.
En el caso de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, vigente desde el 10 de junio de 2025, en síntesis, tiene como objeto: establecer un régimen jurídico para enfrentar el conflicto armado interno, incorporando medidas financieras, tributarias y de seguridad, para garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, proteger a la población civil y fortalecer a las fuerzas del orden, con el fin de propiciar la reactivación económica en zonas afectadas por los efectos del citado conflicto. Busca neutralizar a los grupos armados organizados para delinquir, los que serán definidos como objetivos militares, aplicando métodos de combate que los neutralice; sin dejar de lado la reconstrucción del tejido social y la reactivación económica de las poblaciones afectadas.
Por su parte la Ley Orgánica de Inteligencia, vigente desde el 11 de junio de 2025, resumiendo, busca: a través del marco jurídico del sistema nacional de inteligencia, anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado. Aplicando el principio de legalidad, dispone que deberán supeditarse a la Constitución y leyes vigentes; para lo cual, estarán basadas en hechos concretos, imparciales y libres de restricciones de cualquier índole; aclarando que, el producto obtenido en contra de los investigados que ponen en riesgo al Estado, no será manipulado y solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados, fortaleciendo la seguridad integral del Estado; en esencia, busca prevenir y reducir el desarrollo de vulnerabilidades, amenazas y riesgos de nuestra Nación.
Es evidente que, estas leyes no buscan perseguir a contrincantes políticos, a quienes piensan diferente al régimen y menos a los comunicadores sociales. Son herramientas jurídicas tendientes a fortalecer la lucha en contra de la corrupción de altos kilates; disposiciones normativas que permitirán enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, que motivaron la declaratoria de guerra interna; y, leyes que cerrarán las puertas y ventanas falsas que han utilizado los inmorales e inconscientes para subastar la institucionalidad del Estado ecuatoriano.
