Loja nuevamente es tendencia a nivel nacional, no por su desarrollo, sino por el despertar de un pueblo, que exigió a sus autoridades el cumplimiento de lo ofrecido en campaña; y, al no hacerlo, impulsó y presionó hasta que se vayan los gobernantes ineficientes. Ya hace siete años los lojanos enfrentamos al poder y paramos los abusos del autoritarismo aplicando la revocatoria al ex alcalde Castillo. Ahora la presión ciudadana frente al desbarajuste que vive la administración municipal, de nuevo obligó moralmente para que, ahora los concejales representando al pueblo que los eligió, enfrenten a un populismo desordenado por incumplir el COOTAD y las resoluciones tomadas por el propio Cabildo.
Este proceso de remoción aplicado al alcalde de Loja, con nueve de once votos, es una figura jurídica en la cual los concejales le retiran la confianza, siguiendo un proceso legalmente determinado, en el que se deben cumplir y cuidar a raja tabla, dos circunstancias jurídicamente reguladas: las formalidades y el procedimiento. Revisado el expediente, dentro de las formalidades, tutelaron: la legitimación de las partes, denunciante y denunciado, la formuló un ciudadano contra una autoridad de elección popular; se presentó una denuncia, formalmente reconocida ante un Notario, agregando las pruebas que se van a producir; dicha denuncia fue sustanciada por la comisión de mesa; las partes fijaron sus domicilios físico y virtual donde fueron citados y notificados, en cada caso; la decisión fue tomada con el apoyo de las 2/3 partes del Cabildo. Formalidades que fueron tuteladas, cumplidas y aplicadas sin ninguna restricción.
Con relación al procedimiento, es evidente que la Comisión de Mesa junto a la secretaria del Municipio, en la sustanciación del expediente controlaron su estricto cumplimiento: se respetaron y se cumplieron los términos legales prescritos en el COOTAD; se cumplieron y se hicieron cumplir las normas del debido proceso; las partes ejercieron sin ningún problema a través de sus Abogados defensores una legítima defensa; y, finalmente, el informe presentado por la Comisión de Mesa, fue debidamente motivado, lo que llevó al Cabildo a resolver la remoción del alcalde de Loja.
Lo que legitima aún más el retiro de la confianza al alcalde, es que tres concejales que llegaron en la misma lista del Lic. Quezada, votaron para que sea removido. Esta decisión seguramente será elevada a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien única y exclusivamente hará un control de legalidad, observando si se cumplieron las formalidades y el procedimiento llevado a cabo. Finalmente, si jurídicamente se respeta la decisión tomada por el Cabildo, el alcalde se va a su casa, quedando en la retina de la mayoría de lojanos, que no terminó su período por haberle causado a Loja un daño incalculable, recordándole que todo tiene su fin, y que el poder es efímero. En todo caso, junio debería ser declarado en nuestra tierra como el mes que, para los abusos de los autoritarios, revocándolos o removiéndolos.
