Anticipadamente y con respaldo mayoritario la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta norma enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de las mafias, proteger a la población civil, fortalecer a las fuerzas del orden y reactivar económicamente a las zonas golpeadas por el terror del ataque, la extorción, el delito impune y el secuestro.
Esta normativa trae consigo un conjunto de enunciados con promesas de ejecutar mejores oportunidades para la sociedad.
El pleno de la Asamblea Nacional selló con 84 votos afirmativos el pacto de aprobación de la primera ley de la actual administración, presidida por Niels Olsen.
Hay legisladores que consideran que el pronunciamiento mayoritario de los asambleistas representa un gesto de unidad legislativa y apoyo firme a la lucha contra la violencia que desata el crimen organizado.
Sin embargo, hay legisladores que advierten sanciones, las bancadas se fragmentan y las vociferaciones por la actuación en el tratamiento de esta polémica ley se transforma en el quebranto de los pactos políticos.
El cuerpo legal entre sus disposiciones clave contempla los incentivos para la reconstrucción social y productiva, la atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
Esta solidaria ley trae finas melodías de promesas para derribar al crimen organizado, hace falta ver los resultados posteriores a la aprobación de la ley, se trata de la unidad para asegurar el efectivo cumplimiento de las promesas asentadas en forma de sentencia legal.