La pobreza extrema, la improvisación en la política pública y la carencia de planificación en proyectos sociales generan una grave crisis que afecta directamente a la niñez.
Según un análisis de la plataforma CONECTAS, la niñez en América Latina enfrenta graves problemas de protección y derechos, existen datos realmente desgarradores, por ejemplo, más de 1.8 millones de niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual en la región cada año.
Además 6.3 millones de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo. La violencia intrafamiliar afecta a millones de niños y adolescentes.
En Ecuador ante la creciente presencia de grupos criminales el Gobierno aumentó las penas para los menores de edad, sin embargo, las endurecidas reformas no advierten el incremento de penas para los reclutadores.
En los primeros cinco meses del 2025, la Policía arrestó a 1.106 ecuatorianos de entre 12 y 17 años, especialmente por delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública o por producción de tráfico de drogas.
El más reciente estudio sobre el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, (OECO), señala que de tres mil niños de 12 a 17 años de nueve ciudades costeras, 240 admitieron pertenecer a un grupo criminal.
El Gobierno de Daniel Noboa, a inicios de junio de este año, emitió un decreto como prioridad nacional para prevenir que grupos delincuenciales recluten y utilicen al grupo poblacional infantil y adolescente en actividades criminales. Pero luego de tomar esta medida de aparente buena intención en ese mismo mes, el Presidente Noboa, promulgó la Ley Orgánica de Integridad Pública que reformó el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas a los menores de edad.
Entonces en lugar de proteger a los infantes, la norma amplió el internamiento preventivo, para los niños y adolescentes involucrados en el crimen organizado, estableció penas de hasta 15 años. También si el acusado llega a los 18 años y aun no cumple su condena, será trasladado a una cárcel para adultos hasta completarla..
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef la califica como una reforma regresiva.
El endurecimiento de las penas resulta en extremo contraproducente porque el crimen irá cada vez por niños más pequeños.
Estos datos acompañados de disposiciones lejanas al principio de equidad muestran la necesidad urgente de insertar políticas y programas que protejan los derechos y la integridad de la niñez en América Latina y en Ecuador. Esta compleja realidad social exige atención inmediata y sostenida para asegurar un futuro más prometedor para los niños y adolescentes de la región.
Es preciso atacar las raíces del mal como la pobreza y la desigualdad.
Las sanciones deberían ser endurecidas para los reclutadores de menores y los malos gobernantes, es decir a esos que bajo la premisa del populismo, el engaño y la distorsión de la realidad propagada en redes sociales llegan a gobernar un país sin conocer en esencia sobre la aplicación efectiva de políticas públicas a favor de la población infantil y de todo el núcleo social.
