El uno de septiembre* arranca el año lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027. En la Zona 7, 98.070 niños y jóvenes volverán a clases: 54.249 en Loja, 7.098 en Catamayo, 4.679 en Saraguro y 32.044 en Zamora Chinchipe.
La foto es bonita: mingas, escobas, pintura, padres de familia, docentes y los “Jóvenes en Acción” podando y adecentando escuelas bajo la estrategia “Mi escuela, nuestra casa”. En el Bernardo Valdivieso hasta se anuncia una inversión de USD 212.000 para recuperar la piscina semiolímpica, pintar bloques y reforzar estructura. En el Lauro Damerval Ayora la rectora Nela Esparza celebra el “liderazgo fresco” de los jóvenes y el compromiso de los maestros que convierten las paredes en espacios pedagógicos.
Todo eso está muy bien. Pero no nos confundamos: el esfuerzo comunitario no puede tapar la deuda del Estado con la educación.
Lo que sí se está haciendo
La gente. Los maestros. Los padres. Los estudiantes. Ellos están poniendo el cuerpo para que las aulas estén dignas. Y el Ministerio dice que “reafirma su compromiso de fortalecer infraestructura”.
Ahí está la otra cara de la moneda, la que no sale en las mingas de la zonal 7:
1. Infraestructura pendiente: Falta intervención urgente en el Colegio Adolfo Valarezo y en sectores del área rural. No todos tienen piscina nueva. Muchos siguen con techos que llueven y baterías sanitarias colapsadas.
2. Seguridad escolar: Está pendiente la ejecución de programas de seguridad y frenar el bullying. Con la crisis que vivimos, mandar a un hijo a clases no puede ser un acto de fe.
3. Salud mental: También está pendiente un plan de salud mental. Después de pandemia, violencia y crisis económica, nuestros estudiantes necesitan psicólogos, no solo pintura.
4. Lo básico: Asignación de maestros a tiempo, entrega de textos escolares, uniformes y otras ayudas. Sin eso, de nada sirve tener algunos patios pintado.
El proyecto
“Mi escuela, nuestra casa” es un lindo lema. Pero la casa no se sostiene solo con mingas. El Estado es el propietario y el que debe garantizar que esa casa no se caiga.
98 mil estudiantes no pueden iniciar clases dependiendo de la buena voluntad de los padres y del voluntariado. Necesitan políticas públicas serias: presupuesto, maestros, seguridad, salud mental y materiales.
Que se inviertan 212 mil dólares en el Bernardo Valdivieso es una buena noticia. Pero ¿qué pasa con las 300 escuelas rurales que no salen en el boletín? ¿Qué pasa con el Adolfo Valarezo que sigue esperando?
El Gobierno Nacional tiene la obligación de pasar del discurso a la ejecución. De pasar de la minga a la política pública.
Porque si cada septiembre la solución es “que la comunidad limpie”, entonces estamos educando a nuestros hijos en la precariedad y llamándole “compromiso”.
Los 98.070 estudiantes de la Zona 7 ya hicieron su parte: están listos.
Ahora le toca al Gobierno estar a la altura.
