Cada 1 de Mayo las calles se llenan de banderas, consignas y promesas. Pero al día siguiente, el trabajador vuelve al mismo lugar: un sistema que lo necesita para producir, pero que lo olvida a la hora de proteger.
El Día Internacional del Trabajo no es solo para marchar. Es para exigir que el Estado cumpla su rol constitucional: proteger al trabajador. Eso significa salarios que alcancen, contratos estables, seguridad social real y respeto a la organización sindical. Hoy Ecuador tiene más de 3 millones de personas en la informalidad y subempleo. Son ciudadanos que sostienen mercados, transporte, agricultura y servicios, pero sin derechos laborales básicos. Producen riqueza, pero no la reciben.
Campaña tras campaña se repite el guion: “vamos a crear 500 mil empleos”, “reactivaremos el trabajo joven”. Sin embargo, el desempleo juvenil bordea el 9% y el empleo adecuado apenas supera el 35%. Mientras tanto, se precariza lo que ya existe: contratos por horas, tercerización encubierta, y despidos en el sector público para “ahorrar”. La manipulación política del empleo es doble: se promete lo que no se genera y se desmantela lo que ya estaba. El trabajador queda atrapado entre el discurso y la estadística.
Los trabajadores ecuatorianos enfrentan un modelo desigual. Las utilidades de grandes sectores crecieron en 2024-2025, pero los salarios básicos subieron apenas al ritmo de la inflación. Se pide “productividad”, pero no se invierte en capacitación. Se exige “competitividad”, pero a costa de reducir beneficios. Se habla de “alianzas público-privadas”, pero no se sienta a los sindicatos en la mesa. El resultado: un país que se enriquece, pero con trabajadores empobrecidos.
El abandono se ve en leyes laborales que no se actualizan, en inspecciones del Ministerio de Trabajo sin capacidad operativa, en jueces que tardan años en resolver un despido intempestivo. Se ve en la falta de apoyo a los actuales trabajadores: no hay guarderías, no hay transporte seguro nocturno, no hay salud ocupacional real. Y cuando el Estado sí actúa, lo hace con toques de queda o restricciones que golpean directo al empleo en restaurantes, bares y comercio, sin planes de mitigación.
El 1 de Mayo no pide fiesta, pide coherencia. Si el trabajador es quien mueve la agricultura de Manabí, el camarón de El Oro, el comercio de Guayaquil y los servicios de Quito, entonces el Estado debe dejar de tratarlo como costo y empezar a verlo como socio.
Proteger no es dar un bono. Es garantizar derechos.
Generar empleo no es prometerlo en tarima. Es crear condiciones para que la empresa privada invierta y el sector público no despida por decreto.
Reivindicar al trabajador es sacarlo del discurso y ponerlo en el centro de la política económica.
Porque sin trabajo digno no hay desarrollo. Y sin trabajadores, no hay Ecuador.
