Nuevamente se presenta la propuesta de una consulta popular para lograr cambios jurídicos que requiere el oficialismo, buscando acoplar las ejecutorias de los ejes trasados en su gobierno. Las preguntas deben ser analizadas por la Corte Constitucional, quien definirá la modalidad de los cambios formulados en cada pregunta, decidiendo: si se trata de una enmienda constitucional o de una reforma parcial. Los campos a consultar son diversos, aunque no son nuevos, pues seis de los siete son temas que ya se han consultado en otras ocasiones, o han sido tratados por el órgano legislativo; muchos de ellos polémicos. Por ejemplo, de las siete preguntas, la primera se refiere a las bases militares extranjeras en el Ecuador, aquellas que fueron eliminadas con la Constitución del 2008; las que se ha negado que las vuelvan a ubicar, so pretexto de ser soberanos; bases militares que ayudan a combatir los delitos transnacionales, como el narcotráfico.
La segunda pregunta que ya se ha discutido en los últimos días, es la relacionada a los recursos que se entregan a los partidos y movimientos políticos, a través de los denominados fondos partidistas o de los que se pagan para la publicidad electoral en la promoción de candidatos. Una tercera pregunta se refiere a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que hasta ahora ha sido un lastre en la República del Ecuador, y consecuentemente el traspaso de sus competencias a otros organismos, entre estos: a la Asamblea Nacional, a la Defensoría Pública y a la Contraloría. Como cuarta pregunta, se va a consultar sobre la reducción del número de asambleístas; esta pregunta le falló a Lasso, porque absurdamente, beneficiaba a las provincias grandes en desmedro de las pequeñas, siendo necesario que alcancemos un equilibrio demográfico y territorial en la representación del poder.
Vuelve en la quinta pregunta la polémica del contrato por horas, ahora exclusivamente para el sector turístico. La sexta pregunta, busca eliminar el proteccionismo extremo del que gozan los jueces de la Corte Constitucional, sometiéndolos a juicio político; claro, aquí sería necesario, discutir los límites para que los abusos y las torpezas no tengan lugar. Por último, la séptima pregunta, vuelve a revivir el tema de los casinos, ahora con la diferencia que pagarán al Estado un 25% de las ganancias que obtienen.
La discusión recién empieza, por ello, tenemos que definir: ¿son temas importantes, trascendentales? ¿son simples distractores? ¿buscan en el fondo combatir a los carteles y a las mafias políticas? ¿se quiere lograr un equilibrio en la representación legislativa de todo el país? ¿llegó el fin de los poderes omnímodos del más alto organismo constitucional? Indistintamente de que sea una consulta popular más, es hora de que dejemos de lado los intereses ideológicos o politiqueros y nos pongamos a analizar cada pregunta, para tomar la mejor decisión en las urnas, siempre y cuando la Corte Constitucional, asumiendo un rol democrático de paso para que el soberano sea quien elige el destino del país.
