Los despidos que se vienen aplicando en el sector público, seguramente causarán varios revuelos políticos, sociales y económicos; más aún, cuando desde el oficialismo se visualiza un video demostrativo, en el que sugiere que los extrañados de las instituciones pertenecientes a la Función Ejecutiva y al IESS, debían salir: por ineficiencia en el desempeño de sus cargos; por estar vinculados a ciertos procesos de corrupción y al servicio de mafias internas; o, porque ya no son necesarios y forman parte de un piponazgo. Desde el oficialismo descartan que las desvinculaciones efectuadas a través de la supresión de partidas, sean usadas o calificadas como herramienta de persecución política.
A esto se suma que, se reducen varias carteras del régimen, achicando el Estado y volviendo a aplicar desvinculaciones laborales, amparados en la recién aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública, que puede ser definida como la norma que busca implementar principios, valores éticos y morales, para promover y lograr un desempeño eficiente en la función pública. Esto abre las puertas a las evaluaciones integrales que deben sortear los servidores públicos, que pertenecen exclusivamente a la Función Ejecutiva y al IESS; en cuyos procesos, al definirse de manera pormenorizada en el reglamento dictado por el presidente, de ningún modo, debe contener reglas subjetivas.
Si las evaluaciones que están a la vuelta de la esquina, se tratan de una nueva modernización, que busca reducir el tamaño del Estado, no podemos cometer el mismo error que se cometió en los gobiernos de Sixto Durán Ballén o en el de Correa. Los procesos evaluatorios deben ser técnicos, no políticos; debe valorarse la eficiencia, la hoja de vida, el historial laboral interno, el cumplimiento de las metas encomendadas a cada servidor; sin dejar de lado las denuncias, sanciones y amonestaciones que puedan constar en contra de los evaluados.
Cabe recordar que cualquier evaluación debe estar enmarcada en el debido proceso, respetando la objetividad en las mediciones del desempeño laboral, incluida la probidad e integridad que debe guardar cada servidor. De ninguna manera, puede tener como único objetivo el reducir el exceso burocrático y consecuentemente la masa salarial; pues, no se debe intentar solucionar un problema económico, creando o acentuando un problema social. No debemos olvidar que, la mejor manera de volver lo público eficaz, es capacitando de manera adecuada a los servidores públicos, con herramientas tecnológicas, especializando a cada uno en el área que se desempeña; sin olvidar que, un liderazgo se mide, en la capacidad con la que se solucionan los problemas de manera íntegra.
