Reducir los gastos desechando funcionarios acompañados de la eliminación de seis ministerios y seis secretarías es el anuncio que da golpe a la inestabilidad porque la medida implica el despido de 5.000 personas.
Según el Ministerio de Trabajo existen 491.993 servidores públicos sin contar a los funcionarios que dependen de los gobiernos autónomos.
Los despidos para asegurar el funcionamiento del Estado son un mecanismo que fue aplicado en el gobierno del Presidente Rafael Correa bajo la figura de compra de renuncias obligatorias.
Sin embargo, el ex mandatario al término de su gobierno aumentó el número de funcionarios y el pago de sueldos se triplicó.
En el 2011 el entonces Presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 813.
La desvinculación fue para 2700 servidores públicos. Las organizaciones sindicales acusaron a ese gobierno de aplicar un despido masivo.
Fueron notificados médicos, enfermeras y burócratas de los ministerios de educación, vivienda, obras públicas, entre otras.
La aplicación del polémico decreto de esa época se hizo con resguardo policial, uno de los más impactantes fue el ejecutado en la Gobernación de la Provincia de Loja.
De esa forma hubo 30.000 desvinculaciones por compra de renuncias obligatorias de acuerdo a los cálculos de la Federación Nacional de Servidores Públicos.
A pesar de las anunciadas buenas intenciones para justificar esos despidos, este hecho traumático no representó garantía para disminuir el aparato estatal, todo lo contrario, aumentó.
Así lo refleja el informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo al explicar con detalle que aumentaron 100 mil funcionarios y los recursos destinados en el sector público se triplicaron.
Las promesas de la optimización de los recursos del Estado, simplemente quedó en un anunció.
Actualmente la escena se repite “fuera funcionarios” y la incertidumbre se instala una vez más en nuestro país.