Adolfo Macías Villamar alias Fito por fín fue capturado el pasado 25 de junio de 2025. Desde ese entonces en los medios nacionales e internacionales abordan el asunto con extensa amplitud.
Hay quienes consideran que esa acción representa un logro significativo para el gobierno. Y aunque sus críticos admiten que esa captura es un golpe importante para el crimen organizado, consideran que existe una alta dosis de espectacularidad.
En realidad, el gobierno tiene la ineludible responsabilidad de trabajar para garantizar la seguridad y erradicar cualquier estructura del crimen organizado.
Este compromiso asumido en campaña implica ejecutar múltiples acciones para que la sombra del ataque deje de perseguir a los ciudadanos.
Mientras el régimen aplica medidas para detener a los líderes de las bandas criminales y a sus auxiliares tiene que a la par promover políticas gubernamentales encaminadas a reducir la pobreza, a frenar los actos de corrupción y a crear condiciones de participación política alejadas de compromisos con organizaciones entregadas a la ilegalidad.
Es preciso procurar espacios para hacer que la función judicial actúe conforme a derecho. Los miembros del Consejo de la Judicatura tendrían que ejercer su función sin interrupciones. Es urgente la celeridad procesal para investigar y procesar a quienes alteren la tranquilidad ciudadana.
Volviendo al escándalo de Fito el gobierno de Ecuador y la Cancillería de Colombia niegan que la captura de Alias Fito se haya producido mediante acuerdo pactado o con participación extranjera. La versión fue rechazado tras la afirmación del medio colombiano Canal 1 que señala que el líder de Los Choneros habría sido producto de una entrega negociada luego de una supuesta carta enviada desde el entorno narcotraficante a la embajada colombiana en Quito.
Estas versiones abren el espectro de la duda y resulta difícil tener datos certeros respecto a la intención de frenar la invasión de las organizaciones criminales.
La tarea por la seguridad sigue pendiente en Ecuador.