América Latina atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. La población de la región envejece a un ritmo acelerado, superando la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de ejecutar proyectos de protección social. Los sistemas de apoyo en salud, cuidados y vivienda están desfasados respecto a las necesidades reales de los adultos mayores.
En Ecuador este fenómeno revela una crisis profunda, se trata del abandono sistémico y la ausencia de políticas públicas integradas para la vejez.
Históricamente, los países latinoamericanos han colocado el cuidado de las personas mayores sobre los hombros del entorno familiar.
Sin embargo, la estructura de las familias se transformaron, la migración ha dispersado los hogares y la inserción laboral redujo los tiempos del cuidado disponible.
En Ecuador este giro sociofamiliar deja al descubierto una grieta peligrosa, cuando la familia ya no puede o no está para cuidar, el Estado también les da la espalda.
Uno de los factores que agrava este escenario es la proliferación de la informalidad laboral. En Ecuador un porcentaje mayoritario de la fuerza de trabajo labora sin acceso a la seguridad social.
Esto se traduce en millones de personas que llegan a la vejez sin una pensión contributiva, ni ahorros suficientes, quedando reducidos a la extrema vulnerabilidad o a la dependencia exclusiva de bonos estatales que resultan insuficientes para cubrir medicamentos, alimentación o vivienda digna.
A esta precariedad económica se suma el problema del abandono tanto familiar como institucional.
Casos como el de Maricarmen, una mujer de 87 años con un %50 de discapacidad, vivía desde 1956 (70 años) en el mismo piso de renta antigua en el distrito de Retiro Madrid. Pagaba la renta de unos 500 euros al mes con una pensión aproximada de 1.400. Por cambio de propietarios, el alquiler subió. El conflicto judicial falló por el desalojo de Maricarmen. Su salida fue más allá del impagable piso, ella salió de la vida terrenal el 7 de octubre.
Este caso simboliza la realidad de miles de ancianos que terminan relegados a la soledad, atrapados entre sistemas de salud sobrecargados e infraestructura pública inaccesible. El abandono de adultos mayores en hospitales, calles y asilos precarios es el síntoma visible de un Estado que no planificó el envejecimiento de su población.
Garantizar la autonomía. los derechos y una vida digna en la vejez exige pasar del asistencialismo a un Sistema Nacional de Cuidados.
Ecuador necesita rediseñar sus políticas públicas para descentralizar los servicios de atención geriátrica, apoyar formalmente a los cuidadores e integrar programas intergeneracionales que devuelvan a los adultos mayores su rol activo dentro de la comunidad.
El enevejecimiento es una etapa de la vida que demanda una respuesta colectiva e institucional organizada.
Si el país descuida la reestructuración de sus sistemas de protección y cuidados, el costo social de la desatención a los adultos mayores terminará por hipotecar el futuro de toda la sociedad ecuatoriana.
